9 años de prisión para directivos de cooperativa por peculado bancario

El Tribunal Segundo de Garantías Penales del Cañar impuso una sanción de 9 años de prisión a Freddy A. y Rosa T. presidente y gerente de la cooperativa Coopamérica, por presunto peculado bancario. Los sentenciados tienen derecho a impugnar la resolución. Ellos actualmente se encuentran prófugos, por lo cual la Fiscalía trabaja en coordinación de la Policía Nacional para lograr su captura.
Romeo Gárate, fiscal del Cañar, informó que dichos funcionarios acudían a los sectores rurales de los cantones Cañar y El Tambo, a ofertar sus servicios manifestando que la cooperativa estaba en capacidad de pagar intereses más altos que el resto de instituciones financieras. Esto convenció a ciudadanos que depositaron diferentes cantidades, generalmente de dineros de los migrantes; pero al pasar del tiempo, al pretender retirarlos no recibían respuesta positiva lo que posibilitó que acudan a la Fiscalía y presenten la denuncia, indicó.
De acuerdo a lo que establece la Constitución, se investigó de oficio y recolectó la información que proporcionaron los denunciantes, se cumplió con las diligencias técnicas y el proceso investigativo, con la colaboración de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para acudir a los jueces y presentar la tesis acusatoria. Al inicio se investigó un presunto delito de abuso de confianza, pero con el actual Código Integral Penal se pudo reformular cargos y se acusó por delito de peculado bancario. El juez dictó el auto de llamamiento a juicio y se acudió al Tribunal.
A decir de Gárate, dentro del juicio se demostró que los dineros captados por la cooperativa sirvieron exclusivamente para beneficio de sus directivos, que habrían adquirido bienes inmuebles a su nombre y de terceras personas.
También se pudo demostrar la existencia de créditos ficticios y es por eso que la brecha patrimonial ascendió a alrededor de 637.000 dólares, que podría alcanzar un millón de dólares porque además existirían pólizas que habrían sido depositadas y no se entregó ningún documento de respaldo a los socios.
Alrededor de 200 personas serían perjudicadas, sin embargo las acciones que lleva adelante la Superintendencia determinarán el prejuicio real, de forma que se logre devolver los dineros. En este caso, la Fiscalía va a realizar otro proceso investigativo por testaferrismo. (I)