El alcalde ve a la labor de fiscalización cumplida por este concejo como una conspiración en su contra, que frenaba las aspiraciones de la administración, sin ningún tipo de razonamiento o justificaciones objetivas.
Se judicializaron dos casos que no determinaron responsabilidades: sobre la supuesta petición de contribuciones voluntarias a los contratistas por parte del alcalde y, el que tenía que ver con la imposibilidad de asumir la Dirección Financiera de la institución por parte de una ciudadana morosa del Banco del Estado.
La fiscalización hizo que la administración tome correctivos en temas como el manejo del personal asignado a conducir volquetas que por falta de repuestos no funcionaban y, en el manejo de la administración del estadio municipal.
Para el concejal Romel Sarmiento, esta administración no dio importancia a proyectos de ordenanzas presentados por concejales que generaban discusión y debate, al igual que, estima, no transparentó el cobro de las imposiciones tributarias, la valoración de puestos y el manejo económico.
