Profesionales de distintas ramas que participaron en el concurso de méritos y oposición convocado por el Gobierno Provincial del Cañar, para llenar más de 50 puestos, expresaron que hay anomalías en el proceso; denunciaron presuntas irregularidades que les hace presumir ciertos favoritismos.
Patricio Idrovo, de profesión ingeniero civil, dijo que por su experiencia, trayectoria y respaldo documental avanzó hasta rendir las pruebas técnicas y psicométricas, pero no calificó para la entrevista.
En su afán de ubicarse en un cargo afín a su perfil académico, comentó que el 8 de enero de 2018, cuando se rendían las pruebas técnicas, a minutos de haber iniciado, observó una novedad que le llamó la atención, en relación a que las preguntas, a su parecer, estaban dirigidas, situación que la expuso a los supervisores.
“No en una, en varias preguntas, las respuestas o las conocía con dedicatoria una persona que trabajaba en el Gobierno Provincial o alguien que manejaba las cifras a las que se mencionaba”, sostuvo.
Añadió que por versión de una funcionaria del Gobierno Provincial del Cañar que merece su respeto y credibilidad, tuvo conocimiento de que quien preparó las preguntas para el puesto que él aspiraba, resultaba ser tío de otra participante.
“…Esto me parece por lo menos poco ético. Queremos que se nos faciliten los documentos que nos permitan verificar que efectivamente las cosas fueron manejadas con transparencia”, instó Idrovo.
Carla Pacheco, quien participó para el cargo de analista de talento humano, también expresó no estar satisfecha en base a determinadas preguntas con las que no concuerda, por ejemplo, del porcentaje para ser sustituto de persona con discapacidad.
“Soy madre de dos niñas con discapacidad y me pronuncio porque hay una pregunta específica que se indique el porcentaje para ser sustituto de persona con discapacidad con cuatro opciones de 100, 75, 60 y 50%; la Ley Orgánica de Servicio Público detalla que el 75% corresponde para ser sustituto, más sin embargo, hay un Acuerdo Ministerial que entró en vigencia desde el 21 de octubre de 2018, en donde se indica perfectamente que para ser sustituto de una persona con discapacidad se requiere del 30%”, explicó la postulante.
Mónica León, miembro del equipo veedor, manifestó que a lo largo de todo el proceso han receptado muchas inquietudes y han pedido información a la entidad convocante, a la que no han accedido. “En el día de las entrevistas, cuando necesitábamos entrar y ver, porque para eso estamos, para garantizar un proceso limpio, no se nos ha permitido entrar”, puntualizó. (I)
