Carro recolector de basura municipal fue embargado
Acogiendo al proceso de demanda de cumplimiento de actas transaccionales de 9 extrabajadores que se acogieron al retiro voluntario en la presente administración, la Unidad Civil con sede en el cantón Azogues, el 25 de abril de 2018, decretó el embargo de un vehículo recolector de basura del Municipio local, que correspondería al pago por desahucio laboral.
Se conoce que los obreros cobraron una liquidación por más de 30 años de trabajo; sin embargo, no recibieron el pago correspondiente al desahucio laboral que asciende aproximadamente a 8 mil dólares por cada trabajador.
Frente a la situación el GAD Municipal, tuvo un plazo de 5 días para proceder a la cancelación de los rubros establecidos por el Juez, pero por no cumplir con dicha resolución, se pidió el embargo del automotor.
Para ello la demanda está amparada y fundamentada en la contratación colectiva, señaló el abogado defensor de los trabajadores, Wilson Gómez, que inicialmente presentó el reclamo ante el Juez del Trabajo, quien sustentó que se requería hacer una demanda de cumplimiento, una vez que el Municipio reconoció mediante un documento notariado, que existía una obligación y una deuda con los ex trabajadores.
Gómez señaló que el argumento de la administración Municipal, fue que los ex obreros se sometieron a la remisión; es decir, a la condonación de la deuda renunciando a sus derechos. A decir del abogado de los extrabajadores, no es posible pensar, de que cómo los extrabajadores con más de 30 años de servicio, en vez de recibir su indemnización de ley amparado en un contrato colectivo hayan terminado regalando o renunciando a sus derechos” .
“La Constitución prohíbe la renuncia de los derechos porque el derecho de los trabajadores es irrenunciable, es intangible y por lo tanto no da lugar a ese tipo de argumentación y si habría habido una remisión, debería estar formulada en un documento debidamente notariado”, dijo el abogado defensor.
Una vez que el Juez que maneja el caso, dispusiera a través del peritaje correspondiente, para que se proceda a establecer los montos de la deuda, la defensa ha solicitado los certificados de propiedad, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, de siete vehículos más del cabildo local. “Por cada proceso, vamos a embargar una unidad porque es la única forma de exigir el cumplimiento de la obligación”, insistió Gómez.
Sin embargo anunció que en los próximos días se presentarían nuevas demandas de reclamo de alrededor de 30 extrabajadores que se encontrarían en la misma situación.
De su parte, el primer personero Municipal, Virgilio Saquicela, ante la prensa contradijo esta situación, al asegurar que existe jurisprudencia de triple reiteración que, establece que se debe pagar un solo derecho a los trabajadores; es decir, o se paga el desahucio o la liquidación.
“Me reuní con los señores extrabajadores meses atrás y les expliqué esta situación, ellos firmaron incluso un documento, la mayoría extendió a la Municipalidad y a mí como alcalde, indicando que no se les pague el desahucio y se les pague la liquidación. No se les pagó desahucios de entre 5 y 6 mil dólares y se les pagó liquidaciones de 70, 80 mil dólares”, expuso el alcalde.
Sostuvo, que es equivocada la medida cautelar dispuesta por el Juez en el trámite y se secuestre un vehículo de la municipalidad, para que se pague; ante esto, se solicitó el número de cuenta para cancelar los rubros y retirar el carro recolector.
“Que sea la justicia la que disponga el pago, la ley y la jurisprudencia establece que no debo pagar dos cosas, si la justicia me ordena que pague, pago, caso contrario están todos servidos con las liquidaciones que se han entregado”, concluyó. (I)
