En la comunidad de Collauco, a 10 minutos de centro cantonal de Suscal, provincia del Cañar, en un cuarto de un metro por dos se encuentran encerrados bajo llave y tras puerta de reja, el interventor y dos directivos de la Cooperativa Sumak Yari, retenidos desde el miércoles de la semana pasada por socios de esa institución, que exigen la devolución de sus ahorros.
Según los socios, el perjuicio ascendería a 485.000 dólares, pero se estima que podría llegar a 700.000 y más cuenta ahorristas se siguen sumando a exigir sus depósitos.
Más de 200 socios se sienten perjudicados y apoyan retener a dichos funcionarios, a quienes les exigen el dinero o que hipotequen sus bienes para liberarlos.
Gabriela Gavilánez, gerente de la sucursal de la cooperativa en ese cantón, estaba acostada en el piso; Fernando Ruiz, interventor y Franklin Lema, jefe de agencia en Azogues, permanecían sentados. Los dos últimos, consultados por este diario, inmediatamente se pusieron de pie y aseguraron no haber recibido malos tratos de parte de los comuneros, aunque expresaron temor de ser sometidos a la justicia indígena.
Afuera, en el balde de una camioneta, algunas personas con actitud amenazante y otras con deseos de contar sus historias, hacían guardia para evitar que ingrese alguna persona ajena a la comunidad o que no esté relacionada con los cuenta ahorristas.
La Fiscalía y la Policía sólo habrían ingresado el pasado viernes para constatar la situación de los retenidos y, desde ese día, según Jorge Reyes, oficial de la Policía Judicial que opera en el cantón, no han regresado, porque los comuneros ya no se les permite el ingreso.
Reyes advierte sobre los riesgos que podrían correr las personas que por algún motivo intentan llegar a la casa comunal de Collauco.
Un camino de tierra conduce al sitio donde una gran infraestructura de hierro cubre una cancha, aledaña hay una casa de dos plantas donde debajo de las gradas, en un pequeño cuarto, están los retenidos.
Abordados los comuneros que permanecían al ingreso, algunos, muy renuentes, callaban las voces de quienes sí querían hablar con la prensa. Al preguntar por uno de sus líderes dijeron: “Aquí todos somos líderes, porque todos fuimos perjudicados”.
Se comunicaban en quichua y, al parecer, buscaban consenso para permitir que alguien ajeno al problema entre a constatar la situación de los retenidos. Finalmente permitieron el acceso, no sin advertir que no permitían fotografías.
Fernando Ruiz, quien dijo ser el interventor y funcionario de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde el 11 de abril del 2014, comentó:
“No sabemos la situación legal en la que nos encontramos en este momento, por cuanto se ha infringido el debido proceso que determina la misma Constitución. A pesar de que los señores saben que nosotros no somos los directamente responsables, nos tienen aquí, hasta que se determine con exactitud a los responsables de los acontecimientos. Ya se les ha entregado la documentación pertinente para que se pueda determinar con exactitud a los verdaderos responsables”, dijo.
Explico que por los problemas que ya se habría tenido la cooperativa desde el año pasado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria le envió a investigar. De ese proceso, dijo, realizó experticias contables, de las cuales, una copia está en manos de la comunidad.(DCC)-(I)
Aseguró hay un balance en el que se demuestra que no hay ningún faltante de dinero y peor aún, alguna estafa y que si el dinero no ha sido devuelto al ahorrista es porque no hay liquidez debido a mala ubicación de créditos en las administraciones de la cooperativa, desde el año 2011.
“Las administraciones anteriores han sabido coger pólizas para un mes, dos meses, tres meses y otorgar créditos para un año, dos o tres, entonces no hay liquidez en la cooperativa, es por ese motivo que en algunas reuniones les he dicho que esperen para recuperar ese dinero y devolverles.
La intención no ha sido de cerrar la cooperativa, sino de tratar de viabilizar esta situación de la mejor forma y que los inversionistas nos den el tiempo prudencial para que esto pueda salir a flote”, dijo Ruiz.
“Hay pólizas vencidas y otras aún no, los dineros están recuperándose, inclusive se habló ayer, que todo el dinero que se recaude en las agencias va a venir a Suscal; pero en este sentido, como existen las denuncias, la agencia en este cantón fue cerrada por medio de la Fiscalía”, precisó.
Como interventor, Ruiz es el gerente y asume función de Consejo de Administración y de Vigilancia de la cooperativa. Señala que el exdirectivo, Manuel Pinguil, hoy fuera del país, según la experticia, tendría responsabilidades. (DCC)-(I)
“Han venido a negociar nuestras familias, pero las personas quieren que directamente nosotros como trabajadores y mi persona como interventor, entregue hipotecas de mis bienes, que en este caso yo no tengo, para poder darme la libertad; pero yo no tengo los recursos suficientes para poder sostener dichos valores”, expresó Fernando Ruiz.
Franklin Lema, jefe en Azogues de Sumak Yari, dijo que en la capital provincial no hay problemas de iliquidez y que el pasado miércoles vino a una reunión de trabajo y luego de ello fue retenido por los socios. Gabriel Gavilánez, jefe de la cooperativa en Suscal, deslinda su responsabilidad, dice que asumió el cargo el 12 de febrero de este año.
Varias de las personas que se sienten perjudicadas tenían en su poder las copias de unas pólizas, las cuales no tenían la firma de algún directivo de la cooperativa. Dolores Guasco, dijo que tiene 4.000 dólares depositados en una póliza cuyo plazo se habría cumplido el 19 de febrero de este año. Cuando pidió la devolución de su dinero, sólo le dieron justificaciones, dijo.
María Suquilanda, relató una historia similar, no dijo la cantidad de sus depósitos, “fruto del trabajo de sus familiares que se encuentran en el extranjero”.
El alcalde de Suscal lamentó que en esa tierra, en los últimos años, se han instalado varias cooperativas de ahorro y crédito, “6 o 7 existen actualmente. Ven a Suscal como una mina de oro. Vamos a exigir regulación al respecto”, subrayó. (I)
