Seis indígenas del cantón Suscal, entre ellos su alcalde, Ángel Guamán y la comisaria municipal, Micaela Morocho, fueron llamados por la Fiscalía del Cañar para responder por el supuesto delito de paralización de servicios públicos, acaecido en el levantamiento producido entre el 12 y 15 de agosto.
El proceso está en etapa de investigación, ayer rindió su versión el Alcalde y los otros implicados, quienes, según Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, estarían siendo perseguidos por el gobernador del Cañar, Juan Cárdenas, a raíz de una denuncia hecha por el Intendente de Policía del Cañar.
Pérez está encargado del patrocinio jurídico de los seis procesados, como lo está haciendo en Azuay y en Loja, a favor de varios de los 130 procesados a nivel nacional, por los hechos del último levantamiento de varios sectores organizados.
El dirigente de la Ecuarunari expresó su preocupación porque en Loreto, en la provincia de Orellana, ayer, también tenían que rendir su versión tres de sus compañeros imputados por el delito de Sabotaje.
A estos tres imputados según dijo, se les quiso hacer declarar “cambiando de lugar y, lo que es más grave, sin la presencia de un abogado, es decir se viola el debido proceso, la legítima defensa, se hace tabla raza del Código Orgánico Integral Penal; eso es lo grave. La justicia está bajo los zapatos del Ejecutivo, y eso nos preocupa y por eso creo que hay que seguir en la resistencia”, subrayó.
