Durante el año 2014 y lo que va del 2015, la Fiscalía del Cañar ha recibido denuncias y ha iniciado proceso de investigación por estafa, en unos casos, y por peculado bancario en otros, en contra de ocho cooperativas de Ahorro y Crédito con asiento en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal.
Se trata de la cooperativa INNOVA, por cuyo caso ya se logró 20 sentencias condenatorias para algunos exdirectivos, que pagan penas de 6 meses a un año de prisión; además, constan las cooperativas Salasaca, que está en investigación; EFKA Ltda., en cuyo caso la Fiscalía ha conseguido un auto de llamamiento a juicio y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, esta semana, ya anunció su liquidación forzosa.
También está la Cooperativa Pakarymuy y se le sigue un juicio por peculado bancario; también la Cooperativa Kañaris, en investigación por presunto peculado bancario. En igual situación está la cooperativa Sumak Yari, mientras la Cooperativa Ecuachasquis está siendo investigada por estafa.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaría, con ayuda de la Policía procedió a cerrar la Cooperativa América, que operaba en el cantón El Tambo.
Según el Fiscal del Cañar, Romeo Gárate, sólo en el cantón Cañar operan más de 20 cooperativas de ahorro y crédito, número que según su apreciación no se justifica si se considera la extensión territorial y el número de habitantes.
En los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, en las inmediaciones de sus parques centrales están algunas oficinas de estas entidades, las cuales no requieren de grandes edificios para operar, sino sólo pequeñas oficinas, donde implementan ventanillas.
En Suscal, por ejemplo, la Cooperativa SumakYari, en proceso de liquidación, estaba junto al parque central, en cuyas calles adyacentes funcionan otras entidades de este tipo. Según Romeo Gárate, estas instituciones “aparecen de la noche a la mañana”, y, al parecer, es de la misma manera como algunas desaparecen luego de perjudicar a cientos de ciudadanos que depositaron sus ahorros con el fin de ganar intereses y mantenerlos seguros.
En el caso de la Cooperativa Sumak Yari, entró en proceso de liquidación el 20 de marzo de este año, luego de una serie de denuncias por parte de los socios, quienes incluso llegaron a retener al entonces interventor de la cooperativa, Fernando R., y a Gabriela G. y Franklin L, gerentes de las sucursales de la cooperativa en Suscal y Azogues respectivamente.
Dichos funcionarios, luego de 20 días de permanecer retenidos, fueron rescatados en un operativo policial. Fernando R. y Gabriela G., hoy guardan prisión.
En el caso de Sumak Yari, el monto del perjuicio a los más de 200 socios superaba los 700.000 dólares; en los otros casos no se tiene cuantificado el rubro de depósitos. Los socios tenían ahorros de 5.000, 10.000 y hasta 15.000 dólares en promedio.
“Debemos unirnos todas las autoridades del aparto de justicia para evitar que estos problemas se sigan dando y más bien trabajar dentro del ámbito preventivo”, dijo Gárate, quien pide más control y regulación para evitar que se dé la apertura de cooperativas que en realidad no cumplen una función social.
Gárate dijo que sobre este tema ha conversado con funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para coordinar entre las dos entidades dé resultados positivos para que los delitos no queden en la impunidad.
El Fiscal cree necesario un trabajo preventivo permanente para determinar en base a un estudio el número de cooperativas que podrían operar en cada cantón, según parámetros técnicos.
Para Gárate, están apareciendo nuevas formas delictivas en la provincia para violentar derechos fundamentales consagrados en la Constitución y que tienen que ver con la protección a las personas.
El Fiscal del Cañar cree que estas cooperativas buscaban a ciudadanos humildes de los tres cantones, donde el índice de migración es alto. (I)
