En los cantones Azogues, Cañar y La Troncal, desde que el Ministerio del Interior inició la campaña contra el delito de usura y activo un plan de recompensas, la Fiscalía ha logrado sentencias condenatorias en contra de cuatro ciudadanos: tres mujeres y un hombre.
En el cantón Cañar, el martes de esta semana se cumplió la última audiencia del juicio contra la ciudadana B. A. B, de más de 80 años, que determinó la culpabilidad de la mujer, sentenciada a cumplir un año de prisión.
Dentro de la resolución final se establecerá el mecanismo para el cumplimiento de la pena, bajo arresto domiciliario dada su edad, señaló Romeo Gárate, Fiscal del Cañar.
En base de las pruebas presentadas por la Fiscalía se logró determinar el cobro excesivo de intereses y la habitualidad en esta actividad de la mujer que estaba siendo procesada, la cual operaba en El Tambo.
Hace algunos días, en La Troncal se determinó la culpabilidad de otra mujer, en cuyo caso, el fiscal demostró en la audiencia de juicio que la acusación realizada por la fiscalía estaba fundamentada en pruebas suficientes, señaló Gárate.
En Azogues se dictaron dos sentencias; una contra Francisco C., quien fue condenado a 14 meses de prisión, pero que ya esta libre debido a que la ley establece mecanismos para que una vez cumplido determinado periodo, una persona pueda salir en libertad sin cumplir la totalidad de la pena.
Los jueces, dentro de la sentencia tienen que establecer las reparaciones pertinentes, entre ellas, las indemnizaciones de daños y perjuicios, que se podrían reclamar mediante un juicio civil. El nuevo Código Penal habla de la reparación integral de las victimas.
“Hemos emprendido investigaciones en los diferentes cantones de la provincia del Cañar referente a un delito que ha causado gran alarma social en nuestro medio”, dijo Romeo Gárate.
“El tráfico de personas al exterior determinó que muchos ciudadanos acudan a determinadas personas en busca de conseguir recursos para que sus familiares lleguen a los Estados Unidos, es por eso que la mayoría de casos de usura tienen relación con el problema migratorio.
La ley es clara y establece que los préstamos deben darse dentro del interés legal; existe un mecanismo que se debe adoptar para establecer la legalidad del interés. La Ley sanciona a quienes hacen prestamos con un interés desmesurado y de eso han existido denuncias y fruto de ello se ha procedido a realizar una investigación objetiva para garantizar la existencia de los delitos y de las personas responsables”, concluyó.
