El juez de la Unidad de Garantías Penales del cantón Cañar, Eddy Suárez, dictó orden de prisión preventiva en contra de dos ciudadanos ecuatorianos presuntamente involucrados en la migración ilegal de la niña Nohemí A. que se presume se suicidó en México. Así ya son cuatro los detenidos en este caso, tres ecuatorianos y un guatemalteco, y también se amplió 30 días más la etapa de instrucción fiscal que estuvo prevista para 90 días. El fiscal Romeo Gárate, precisó que las investigaciones están muy avanzadas, por eso pidió a los indígenas de la comunidad de donde era oriunda la niña fallecida, que consideren que este caso rebasó los límites de lo comunitario y paso al ámbito nacional, e inclusive internacional, ya que incluso las investigaciones podrían extenderse a ciudadanos de Centroamérica.
Indígenas de la comuna de Molinohuayo, sector El Rosario, de El cantón El Tambo, denunciaron los supuestos excesos cometidos por miembros de la Policía Nacional al momento de realizar el allanamiento de tres viviendas de esa comunidad, en el intento de encontrar pistas o algunos implicados en la migración de la niña Nohemi A.
Para definir acciones frente a lo que ellos consideran actos incorrectos de la Policía y para pedir, que la justicia ordinaria no intervenga en la jurisdicción indígena que sabe aplicar sus propias leyes, alrededor de 300 pobladores de dicho sector se reunieron la mañana de ayer.
El Tribunal de Justicia del Pueblo Cañari, presidió la sesión, sus miembros, uno a uno fueron tomando la palabra. Sus discursos recordaron a los comuneros los hechos ocurridos el pasado jueves, cuando un comando de más o menos 50 policías, dirigido por el fiscal, Xavier Cárdenas, habría irrumpido, según dicen, de manera violenta, en el domicilio de Segundo Guamán Pinguil. Quien se siente afectado comentó que aproximadamente a las 23:30, cuando se encontraba descansando en su cuarto junto a su esposa y dos niñas pequeñas, el grupo de uniformados que tenían cubiertos sus rostros con pasamontañas rompieron el vidrio de la puerta e ingresaron al interior, para acto seguido arrojarlo al suelo y bajo amenazas mantenerlo sometido.
Los policías, tras revolver los cajones de los armarios y romper el tumbado, se habrían llevado como evidencias dos celulares, una laptop, una libreta de ahorros y documentos personales.
Igual habrían registrado los otros cuartos de la vivienda, sin respetar ni siquiera a una persona con discapacidad que se encontraba en uno de ellos, relató Guamán. Otro allanamiento ocurrió en los domicilios de Felix Delgado y Juan Zaruma, de 80 años, quien todavía recuerda con temor ese episodio, aunque de ellos, los policías no se llevaron nada, según dijeron también el proceder fue violento. Ante estas denuncias, el fiscal Romeo Gárate, dijo que realizará las respectivas investigaciones para sancionar a quien o quienes hayan cometido las supuestas arbitrariedades. Señaló que la única intención de la Fiscalía es actuar de manera coordinada con los indígenas para lograr que la justicia se imponga.
Manuel Pichizaca, dirigente comunitario, considera que la Policía, cumpliendo disposiciones de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, violó expresamente las disposiciones del artículo 171 de la Constitución, que trata sobre la justicia indígena. Ante ello, recuerda que la comunidad de Molinohuayco es indígena, y consecuentemente corresponde a la jurisdicción de las autoridades indígenas.
Los pobladores del sector de Molinohuayco se turnan para vigilar la carretera de ingreso a la comunidad, con el fin de evitar que la Policía vuelva a ingresar sin previo aviso o coordinación con los líderes del sector. Carlos Dután, concejal indígena del cantón, señala que la comunidad no se cierra a la posibilidad de cooperar entre las dos jurisdicciones, pero si a las actuaciones arbitrarias que pueden infundir miedo y afectar psicológicamente a las familias.
