La audiencia provincial de la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua se desarrolló ayer en esta provincia. Hasta el salón de actos del Gobierno Provincial del Cañar llegaron alrededor de 300 representantes de organizaciones sociales de segundo grado. Hasta pasadas las 11:00 se prolongó el registro, especialmente de pobladores de las zonas altas de la provincia; mientras tanto, en el interior avanzaban las intervenciones de quienes eran parte de la mesa directiva.
Asistió el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, Miguel Caravajal y de otros asambleístas, entre ellos el asambleísta del Cañar, Byron Pacheco; también estuvieron los dirigentes indígenas Humberto Cholango, de la CONAIE; Carlos Pérez, de la Ecuarunari y Anastasio Pichizaca de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar (UPCCC). La UPCCC está conformada por organizaciones de todos los cantones de la provincia, aglutina a aproximadamente el 60 % de la población indígena y campesina. La mayor preocupación de este sector organizado radica en la privatización de los recursos hídricos. Hasta ahora, los campesinos se han encargado de manejar las juntas de agua y regantes, por ello piden mantener su autonomía.
El asambleísta Pacheco, en su intervención, aclaró algunos puntos que estarían siendo mal interpretados por los sectores organizados, uno de ellos, la supuesta privatización del agua. “Nuestra Constitución garantiza el derecho al agua que tenemos todos los ciudadanos. La Constitución prohíbe la privatización del agua”, dijo.
Juntas de agua no desaparecerán
Otra de las preocupaciones es la posible desaparición de las juntas de agua y de regantes, lo cual, según indicó Pacheco, no va a suceder. Las juntas serán consideradas en la ley y tendrán recursos y autonomía, precisó. Para la distribución de este recurso hídrico, en la ley existe un orden de prelación, primero está el consumo humano, luego el cumplimiento con la soberanía alimentaria, es decir para el riego de cultivos y luego viene el tema de los caudales ecológicos y de uso para la industria.
Fijar tarifas para que no queden a discreción de las juntas de agua es otra de las propuestas que lograría equidad y equilibrio, señaló Pacheco, quien recordó que el agua no tiene precio, lo que sí tiene valor es el mantenimiento en condiciones óptimas de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. La Asamblea Nacional tiene la obligación de realizar la Consulta Prelegislativa a las organizaciones de segundo grado en todo el Ecuador. Esta tarea se cumple acatando la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso preguntar a las comunidades campesinas sobre qué opinan del proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
Las inquietudes de las organizaciones serán procesadas y sistematizadas y, luego llevadas a una mesa de diálogo nacional para identificar consensos y disensos de las audiencias provinciales. La Comisión de la Soberanía Alimentaria elaborará el informe final.
