El alcalde de Azogues, Javier Serrano, informó que se tuvo tres reuniones con representantes de la empresa Conviaz, con el objeto de buscar una salida jurídica al problema complejo de los radares, que ofreció dar de baja durante la campaña.
Indicó que está claro que se incumplieron normas al momento de realizar el acuerdo o convenio con esta empresa, la principal y que consta en el informe de Contraloría está radicada en que el Concejo Municipal anterior debía conocer y aprobar que esta competencia del municipio sea transferida, lo cual no se lo hizo.
A decir de Serrano, no es el momento oportuno para legalizar lo que ya pasó, por lo que hay un problema jurídico serio y se ha tratado de buscar una vía de salida, de consenso entre las partes intervinientes.
La empresa aduce haber hecho una inversión de tres millones y medio de dólares con estas implantaciones tecnológicas, mientras que el Municipio de Azogues (tanto el Concejo Municipal como la alcaldía), observa los parámetros jurídicos para cuidar que las normas vigentes se cumplan y que después no tengan juicios que lamentar.
El pasado martes hubo una última reunión entre los concejales y representantes de la empresa. “Le estamos dando la atención que merece y el tratamiento delicado, porque no podemos atropellarnos en decisiones si no tenemos claro cuál es la vía que permita solventar este problema”, sostuvo el alcalde.
Precisó que hay que ver cuál es la vía, que puede ser de mutuo consentimiento entre las partes, una terminación unilateral o la nulidad. “Hay varias alternativas judiciales, pero hay que ver cuál es la más eficiente y segura para el municipio”.
Manifestó que la única ventaja es que, aunque están instalados los radares todavía no hay sanción y tampoco se ha designado un administrador del contrato, como una estrategia jurídica.
“Creemos que designar un administrador nos colocaría en un proceso de tener que responder una serie de demandas de la empresa, también exigencias, como por ejemplo que se empiece a realizar el convenio con las instituciones bancarias para que se operativicen las sanciones o multas hacia los infractores”, subrayó.
