Unas 50 familias de la comunidad de Guazhún – Quitasol, de la parroquia Luis Cordero del cantón Azogues, temen perder sus terrenos y viviendas por los deslizamientos de tierra que se registran en la zona desde hace más de dos años, producto de la extracción de material pétreo de la mina de Zhirincay por parte de la Prefectura del Cañar.
Alrededor de cinco viviendas presentan cuarteaduras y una ya fue deshabitada, porque corre el riesgo de caer al abismo por las grandes grietas que se han formado en el terreno adyacente. Esa situación hizo que los habitantes detengan la explotación minera desde el pasado 16 de febrero, que permanecen vigilantes en el lugar.
Ángel Peralta, presidente de la comunidad, señaló que reclaman algo justo pues tienen todo el derecho, porque sus propiedades son privadas y les ha costado mucho, además, tratan de precautelar la vida de los seres humanos, incluso de la ciudad de Azogues, porque el cerro se puede bajar y ocasionar un colapso con el taponamiento del río.
Afirmó que cuentan con el apoyo de las 17 comunidades que conforman la parroquia Luis Cordero, así como de la mancomunidad de las parroquias orientales de Rivera, Taday y Pindilig, porque consideran que la explotación de la mina es anti técnica y requieren la presencia de la Prefectura para que constaten la situación, toda vez que nadie se ha responsabilizado por los daños.
Laura Ganshi, una de las perjudicadas, señaló que ha perdido terrenos que eran productivos, donde cosechaba maíz, fréjol y papa; también, corre riesgo de venirse abajo su casa, así como tres viviendas de sus hermanos y de sus padres porque están cerca del abismo. “No hemos recibo ninguna indemnización”, afirmó.
“Nosotros no hemos sido beneficiados, porque cuando fuimos a pedir que nos lastren la carretera, nos dijeron que no había volquetas y que tenemos que pagar”, manifestó Mercedes Campoverde, otra afectada, quien señaló que no se va a permitir el ingreso de maquinaria para sacar material de la zona y pidió a la Prefectura que busque otras minas como alternativa.
Los habitantes rechazaron un comunicado emitido por el Gobierno Provincial del Cañar, porque aseguran que no han actuado con violencia, ya que pacíficamente están defendiendo sus bienes que son afectados; además, no se trata de un tema político, como aparentemente lo habría hecho la autoridad provincial, a quien acusaron de pedir firmas de apoyo para formar un nuevo partido político. (I)
