Los familiares piden que se devuelva el dinero cobrado por un coyote, para lo cual hay una denuncia en la Fiscalía.
Compatriota oriundo de Azogues perdió la vida en su intento por llegar a los Estados Unidos, el infortunado ciudadano de 19 años de edad se abría ahogado en el rio Blanco en la frontera entre México y el país del Norte cuando fue arrastrado por el fuerte caudal, sus familiares esperan la repatriación de su cuerpo que se hará en forma particular pese al aporte del Viceministerio de Movilidad Humana.
Patricio Caranqui Pinos, hermano del coterráneo que falleció en la frontera, dio a conocer que su hermano que radicaba en Shindilig de la parroquia Guapán, decidió viajar a mediados de julio, puesto que tenía familia en EEUU, especialmente un tío que le recibiría para ayudarle a cumplir con el sueño de trabajar y superarse.
Una vez que conocieron el trágico suceso los familiares acudieron al Viceministerio de movilidad en donde se ofreció ayudar con los trámites y correr con los gastos para repatriar el cuerpo, “pero aún no nos han informado en cuánto tiempo llegará el cuerpo hasta nuestro país para dar cristiana sepultura, ya que donde reposa el cuerpo de mi hermano hay más cuerpos, pero él ya ha sido reconocido, con las huellas dactilares de la tarjeta índice. Por lo cual agradecemos”, dijo.
Frente a este caso, Caranqui, agradeció a representantes de migrantes en los EEUU, como Bertha Idrovo, en Brooklyn a Fernanda Gutiérrez que ayudó con el propietario de la funeraria Alex Hugo, para sin tanto protocolo nos han dicho que hasta el domingo estaría en nuestra provincia el cuerpo. “No somos de posibilidades económicas, nuestras amistades y familia, los vecinos y la comunidad se han mostrado muy solidarios han recopilado el dinero para ayudarnos” agregó.
De su parte Álvaro Argudo Pesantez, Fiscal (E) del Cañar, anunció que se investiga un caso por presunto coyoterismo, tras denuncia puesta por familiares de un coterráneo que perdió la vida tratando de llegar a los EE.UU, aseguró que se hará todo lo posible para dar con el responsable del traslado sin ninguna garantía de seguridad.
Este caso que corresponde a un delito por tráfico ilegal de personas se está arbitrando a través de las unidades especializadas, siendo una pena bastante grave para quienes se ven involucrados, la misma que va entre los 22 a 26 años en caso de muerte y de acuerdo a las situaciones agravantes esta pena podría aumentar.
Argudo Pesantez, explica claramente que por investigación se tiene el principio de reserva y no se puede dar mayor información, pero tengan por seguro que estamos investigando, la ciudadanía debe confiar en nuestro trabajo, incluso se ha pedido ayuda internacional para dar con el paradero de las personas responsables, sostiene.
Al finalizar el caso, las penas irán de acuerdo a la participación de cada uno de los involucrados, la fiscalía cumple su labor de seguir la acción pública que determina la Constitución como representantes de la ciudadanía en estos tipos de delito, encontrar a los culpables.
“Vamos hacer las investigaciones, seguiremos un procedimiento establecido, con los elementos se pedirán las órdenes de prisión y se continuará con el trámite para obtener una sentencia condenatoria, obtener una ejemplificativa pena y ponerlos tras las rejas”. (I)
