Un enfrentamiento entre los habitantes de la ciudad de Cañar y presuntos miembros del Consorcio Indígena y Campesino se produjo el pasado miércoles, cuando los comuneros habrían intentado llevarse por la fuerza a dos profesionales del derecho, quienes fueron auxiliados por ciudadanos, quienes impidieron que nuevamente se produzca una acción de ese tipo.
La confrontación se produjo en la calle Sucre y Cinco de Junio, aproximadamente a las 17:00 del miércoles, en circunstancias que los miembros del consorcio, luego de una comparencencia legal que tuvo uno de sus dirigentes, presumiblemente habrían pretendido llevarse a dos abogados por razones desconocidas, ante lo cual varios ciudadanos reaccionaron y se agolparon para defender a los profesionales, en estas acciones resultaron varias personas contusas.
Luego de que los comuneros se retiraron, decenas de ciudadanos de Cañar realizaron una marcha de protesta contra las acciones del consorcio. Miembros de la Policía Nacional, Distrito Cañar, cumplieron una labor de resguardo, para evitar que las situación vaya a mayores.
Frente a los hechos suscitados, ayer, a las 10:00, se reunieron las autoridades locales, provinciales y del gremio de abogados del cantón Cañar, en el Centro Cívico, para tratar de manera urgente los acontecimientos suscitados.
Uno de los puntos centrales que se trató en la asamblea es buscar plazos razonables y encontrar soluciones que de una vez por todas se ponga fin a estas situaciones y problema social que causa zozobra e indignación en el cantón Cañar.
Santiago Ordoñez, presidente de la Asociación de Abogados de Cañar, manifestó que la entidad coordinará con las autoridades para que inicien las acciones legales pertinentes, esperando lograr resultados efectivos a corto plazo.
“Justamente dentro de nuestro cantón hemos sido víctimas y hemos sufrido bastantes casos de atropellos producidos por comuneros que viven en los alrededores del cantón. El día de ayer a las 17:00 horas se dieron hechos, que a nosotros como asociación y como ciudadanos nos tiene consternados de alguna manera y estamos buscando alternativas legales para detener este atropello a los derechos humanos”, explicó el presidente de la asociación de abogados de Cañar.
David Inga, abogado del cantón manifestó que el día miércoles aproximadamente a las 17:00 cerró su oficina y se dirigió al despacho de un colega y explico que se encontró con la sorpresa de que en los exteriores de la oficina de su amigo estaba un grupo de indígenas. “En ese momento fue cuando fui rodeado por ellos y no sabía cuál era el asunto, nuestro colega manifestó que le estaban queriendo llevar porque dicen que supuestamente ha cometido un acto por el que ellos actuaban de esa manera y que él tampoco sabía el por qué mismo se estaba dando ese situación”, manifestó Inga.
Explica que sin ninguna razón fueron sacados de la oficina que se encuentra en la Calle Sucre y Cinco de Junio, presuntamente rompiendo la puerta y siendo supuestamente maltratados verbal y físicamente, pòr cuanto dice que fueron sacados de la oficina, siendo arrastradas dos cuadras y media. Posteriormente fueron rescatados por los pobladores, quienes reaccionaron ante los hechos y lograron liberarlos, colocándoles en resguardo en una casa.
Juan José Ortega, director provincial del Consejo de la Judicatura, explicó que se ha tenido conocimiento de estas acciones ilegales que se están generando en el cantón Cañar, lo que se ha dialogado con las autoridades del sector judicial.
“Sobre todo estamos pendientes de que este tipo de comportamientos no se repitan, estamos pidiendo a los colegas abogados y a la ciudadanía que tenga conocimiento de estos hechos irregulares e ilegales, que presenten sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado para actuar conforme corresponde, de tal manera que una su vez que esté en manos de los jueces, cuando tengamos formulaciones de cargos, procederemos ya a coordinar las acciones y a tomar las medidas para frenar a estos dirigentes que están irrespetando al pueblo y lo dispuesto en la Constitución” manifestó Ortega.
Romeo Garate, fiscal provincial, comunicó que ante la presentación de los partes de la Policía Nacional, así como de las denuncias de personas particulares, la entidad que preside tiene la obligación legal y procesal de abrir las indagaciones respectivas y esto se lo realizará durante estos días, cumpliendo las diligencias de rigor para determinar si en realidad existe un delito, un vez determinado este particular, poder llegar a establecer autores y cómplices.
Explicó además que se está investigando alrededor de 15 casos que se ha podido articular, e señalo que el problema radica en que existe mucha gente que tiene temor de aportar con evidencias, testimonios dentro del proceso investigativo, por que viven dentro de las mismas comunidades.
