La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por algunas denuncias que ha recibido de personas que estarían siendo afectadas por la aplicación de la justicia indígena por parte de comuneros y organizaciones del cantón Cañar, en casos que fueron ya resueltos por la justicia ordinaria.
“La preocupación es grande a nivel de Defensoría del Pueblo, porque se ha dado la suerte de tomar una especie alternativa o paralela a la justicia ordinaria, en donde este consorcio de comunidades y organizaciones de Honorato Vázquez, Cañar e Ingapirca, están resolviendo todo tipo de procesos que están siendo ya ventilados y resueltos en la justicia ordinaria”, expresó John Ojeda, titular de la entidad.
A su criterio, están aplicando la justicia indígena cuando se sabe que no son indígenas, sino pertenecen a organizaciones y comunidades campesinas, y de esta forma está haciéndose una interpretación que hasta cierto punto no está actuando acorde con la Constitución y la ley.
Entre las denuncias consta el caso de dos mujeres de la comunidad de El Cisne, de Ingapirca, que fueron privadas del servicio de agua potable, en donde la Defensoría emitió su resolución que fue puesta en conocimiento de las autoridades de la comunidad y no han dado cumplimiento, a pesar de que el juez de garantías constitucionales declaró con lugar la demanda.
Otra denuncia presentaron campesinos de Biblián, que habían ganado un juicio laboral, pero los demandados han acudido a la justicia comunitaria y en base a la fuerza, coacción oral y física, les habrían hecho firmar ciertos documentos renunciando a todos los procesos laborales que se han instaurado, quedando a su vez en indefensión.
Ojeda señaló que además tienen una vigilancia en el cantón Cañar, que se está iniciando a nivel de un proceso penal y otras denuncias que han avocado conocimiento, que no han presentado por escrito; sin embargo, hay casos de personas que también se sienten afectados porque tienen juicios y sentencias que están solamente de ejecutar y quienes han salido perdiendo en estos juicios acuden a la justicia comunitaria para que se resuelvan estos problemas.
“La Constitución es muy clara en el sentido de que la aplicación de la justicia indígena se refiere a asuntos menores que se producen dentro de sus comunidades, pero aquí se está aplicando para todo tipo de procesos que son de competencia exclusiva de la función judicial”.
De igual forma, los abogados han manifestado su preocupación de que ellos ya no pueden laborar e iniciar una demanda, porque tienen incertidumbre y temor de que les retengan en cualquier momento y lugar, y les apliquen la justicia indígena.
Ante estos acontecimientos, Ojeda indicó que la semana anterior dialogó con el director provincial del Consejo de la Judicatura, quien se comprometió en el transcurso de estos días a convocar a una reunión, al gobernador, al fiscal provincial y al jefe del Comando de Policía, para tratar una hoja de ruta e iniciar un diálogo abierto con los representante y líderes de las comunidades, a efectos de establecer las competencias que ellos tienen y que no pueden inmiscuirse en el ámbito de otras funciones del Estado. (I)
