Unos 2.000 comuneros de la parroquia Ingapirca, del cantón Cañar, cavaron una zanja de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud en el sector de Culebrillas, jurisdicción de la reserva del Parque Nacional Sangay, lo que ocasiona un daño en el ecosistema.
Esta intervención, que se dio sin la autorización del Ministerio del Ambiente ni estudio técnico, fue para trazar una línea que demarque la comuna de Sisid -que pertenece a la parroquia Ingapirca-, y la parroquia Juncal, las dos localizadas dentro del territorio del cantón Cañar.
Melvin Alvarado, director provincial del Ministerio del Ambiente, informó que una vez conocido el hecho se procedió a inspeccionar el sitio, donde se constató la existencia de una zanja de 70 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad.
Según Alvarado, esta cuneta podría causar problemas porque en la zona hay flujos de aguas subterráneas, mismas que podrían haber sido cortadas, ocasionando un perjuicio a los socios de las juntas de agua y de regantes que utilizan las aguas del rio San Antonio; y además a todas las fuentes de agua que están en el sector que fue intervenido por los comuneros, las cuales alimentan la laguna de Culebrillas.
Melvin Alvarado indicó que por este hecho se abrió un expediente administrativo en contra del Teniente Político, del Presidente de la Junta Parroquial y de un exdirigente de la parroquia Ingapirca, con el fin de investigar los hechos y establecer responsabilidades, a través del debido proceso.
El Ministerio del Ambiente, a través de un Acuerdo Ministerial, tiene determinado una metodología para establecer qué afectación ambiental existe. Se valoran parámetros como el paisajístico, la función del suelo y los servicios ambientales que se deja de producir por la destrucción de los pajonales desde el punto de vista de los servicios ambientales y, en función de ello, se puede establecer la sanción.
La Ley Forestal determina que la sanción es exactamente igual al monto que costaría hacer la restauración del espacio físico que ha sido afectado.
Ólger Moscoso Serrano, teniente político de la parroquia Ingapirca, deslindó su responsabilidad en este hecho que afecta un área protegida por su valor natural. Asegura no haber dirigido a los comuneros a realizar la excavación en Culebrillas, sino que su presencia fue para precautelar la seguridad de los ciudadanos y evitar enfrentamientos entre comuneros.
De su parte Ana Lucia Cunín, teniente político de la parroquia Juncal, dijo que ha presentado un informe al Ministerio de Ambiente por la destrucción causada al ecosistema y que pone en manos de las autoridades la misión de determinar a los responsables. (I)
