Los miembros del Tribunal Primero de Garantías Penales de Azogues, el martes de esta semana, emitieron una resolución mixta que condena a un año de prisión a dos funcionarios policiales y a otros dos, de rango mayor, les confirma su estado de inocencia en el delito de interrumpir los servicios públicos y provocar alarma colectiva, ocurrido el 30 de septiembre de 2010.
La Fiscalía está esperando que esta resolución le sea notificada por escrito para revisar y analizar los argumentos que permitió al tomar dicha decisión a los miembros del tribunal, señaló el fiscal Romeo Gárate, quien además precisó que dentro de las investigaciones que efectuó la Fiscalía, se pudo determinar que quienes tuvieron participación directa en el hecho y fueron protagonistas de esta serie de actos ocurridos en Azogues, el 30-S, fueron los cuatro procesados a los cuales la Fiscalía emprendió su tesis acusatoria.
Tanto las personas que fueron objeto de la resolución de parte del tribunal, de no sentirse conformes con la misma, como la Fiscalía podrán impugnar la resolución mediante los recursos que prevé la ley, una vez que se dé la notificación y en un periodo de tres días.
La audiencia de juzgamiento duro dos días: se realizó de manera reservada e inició la mañana del pasado lunes. “Se presentaron testigos y pruebas documentales que permitieron que los jueces puedan apreciar lo que verdaderamente ocurrió ese día. Nosotros pensamos que las cuatro personas tuvieron participación directa; sin embargo somos muy respetuosos de las resoluciones que tomaron los jueces”, dijo el Fiscal.
Los oficiales Byron A. y Andrea O., y los cabos René C. y Luis G., de la Policía, fueron los enjuiciados, contra los dos últimos, pesa la sentencia de un año de prisión. Según Gárate, los sentenciados seguirán trabajando en la institución policial, mientras el fallo no esté en firme.
Para comprobar la participación de los acusados, en la diligencia de juzgamiento el fiscal Jorge Vélez presentó 14 pruebas documentales y alrededor de 20 testigos.
Entre las pruebas constan un informe de la Policía en el que se detalla la nómina de agentes sancionados administrativamente por participar en los hechos del 30-S, entre ellos están los cuatro acusados.
Además, la Fiscalía presentó informes de reconocimiento del lugar, identidad humana y de audio y video, así como recortes de prensa en los que se informa sobre el caso 30-S, el comunicado suscrito por el personal del Comando de Policía el Cañar N°15 entregado a la Gobernación del Cañar, entre otros.
El fiscal Jorge Vélez informó que el 30 de septiembre de 2010, alrededor de 90 agentes de policía abandonaron sus puestos de trabajo para efectuar una manifestación con quema de neumáticos en los exteriores del Comando de Policía del Cañar N°15.
Posterior, se habrían movilizado a bordo de patrulleros y motocicletas de la Policía hacia la Gobernación del Cañar, en donde uno de los que estuvieron procesados, Byron A. presuntamente entregó un comunicado en el que se informaba las razones por las que adoptaron esas medidas, se anota en un comunicado de la Fiscalía.
El 30 de septiembre del 2010, en Azogues, se produjo una marcha y la paralización e interrupción de los servicios públicos de parte de determinados miembros de la Policía Nacional. Esta información fue hecha a conocer a la Fiscalía, la cual aperturó la indagación previa para tratar de establecer la existencia de una presunta infracción penal, así como a los presuntos autores, cómplices y encubridores.
Este hecho se encuadraba en el artículo 158 del Código Penal vigente hasta el año anterior, que señala una pena por destruir, deteriorar, inutilizar, interrumpir o paralizar un servicio público.
Romeo Gárate informó que se dio una serie de situaciones jurídico procesales, durante el transcurso de la tramitación y de la investigación, como la solicitud de archivo del caso, realizado por la defensa, sin embargo de ello, la misma siguió adelante y la Fiscalía acudió a los jueces para emprender la tesis acusatoria, la misma que después de la audiencia respectiva posibilitó que se dicte el auto de llamamiento a juicio en contra de cuatro funcionarios policiales.
