En las oficinas del Viceministerio de Movilidad Humana, en Azogues, ayer, el coordinador Zonal 6 de la Cancillería, Pablo Martínez y el Fiscal del Cañar, Romeo Gárate, ofrecieron declaraciones conjuntas sobre las investigaciones por la muerte en México de la niña ecuatoriana Noemí, en cuyo caso, en el Ecuador ya se sentenció a dos ciudadanos a la pena de 16 años de reclusión.
El caso tuvo connotación nacional e internacional, porque deja ver una realidad lacerante de los emigrantes y de los riesgos que corren en su travesía hacia los Estados Unidos.
Según, la justicia mexicana, la niña, quien además habría sido violada, se suicidó en el albergue Villa Esperanza de Ciudad Juárez- México.
Los procesos judiciales en este caso, en la provincia del Cañar, llegaron a un término, mientras en México, hay 42 personas que están siendo procesadas.
Para el fiscal Gárate, la asistencia y la protección que dio la Fiscalía en el caso de la niña Noemí sirvió de base para poder obtener una sentencia condenatoria, inclusive se tuvo que sortear problemas con algunos miembros de la comunidad que trataban de hacer prevalecer la jurisdicción de la justicia indígena para juzgar este caso.
Gárate informó que, el pasado martes, se reunió con directivos de la comunidad El Rosario, en el cantón El Tambo, de donde era oriunda Noemí, con quienes llegó a conclusiones y acuerdos, luego de que se obtuvo la sentencia condenatoria y se respeto la actuación de la justicia ordinaria.
En esta reunión, los dirigentes de la comunidad se comprometieron a recibir a los abuelos de la niña fallecida, quienes permanecen dentro del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, precisó Gárate.
La investigación en México va dirigida no sólo a las personas que actuaron en el tráfico de migrantes durante las diferentes instancias y ciudades por las que paso la niña, sino también a la gente que la agredió sexualmente, así como también a las personas que no pusieron el cuidado respectivo cuando la niña estuvo en el albergue, dijo el fiscal. (DCC)-(I)
En cuanto al trabajo de investigación de la Fiscalía del Cañar, se resalta que 22 personas fueron sentenciadas en los últimos años, por tráfico ilegal de personas.
Los procesos de búsqueda de desaparecidos en el exterior son muy complejos porque los ciudadanos ecuatorianos cuando viajan por vía irregular, especialmente a los EEUU, en el proceso migratorio cambian de nombre y sus documentos son retenidos por los coyotes.
Por eso las personas que fallecen en el trayecto pasan por no identificadas en cualquiera de los países de tránsito. “En las búsquedas que hemos realizado nos apoyamos mucho en el ADN para identificar”, añadió Pablo Martínez.
La gestión realizada en el 2014 por el Viceministerio de Movilidad da la siguiente estadística: 679 acompañamientos y reagrupación de niños ecuatorianos en los Estados Unidos; 4.677 ciudadanos atendidos en situación de vulnerabilidad en el proceso migratorio; 641 casos de personas deportadas desde los EEUU, el 86 % de las cuales son de esta Zona 6.
Se ha realizado 69 repatriaciones de restos mortales y 15 restituciones internacionales de menores.
En los procesos de localización de ciudadanos migrantes desaparecidos, en el 2014 se denunciaron 114 casos de los cuales, luego de un proceso de análisis, se ha dado por cerrado 31 casos, 49 se encuentra en gestión, 47 ya se encuentran resueltos y 8 han sido derivados a otras instituciones. (I)
