
Los 550 empleados y trabajadores de las plantas industriales de cementos Guapán y Chimborazo están alertas ante el proceso de negociación de los términos definitivos para la adjudicación de más del 60 % de las acciones de estas empresas que forman parte de la Unión Cementera Nacional (UCEM), a la empresa YURA S.A., del Perú.
Este proceso para la vinculación de un socio estratégico a la UCEM, que está desarrollando la Empresa Pública Cementera Nacional (EPCE), está siendo vigilado por los trabajadores, quienes piden que se garantice su estabilidad laboral y se formule políticas claras antes de que, lo que ellos consideran el patrimonio industrial más importante del Ecuador, del cual dependen miles de familias, pase a manos de extranjeros.
Raúl Veloz, dirigente de los trabajadores de las dos plantas cementeras, informó que hace algunos días, algunos trabajadores se reunieron en Quito con dos de los dueños principales de la empresa inversionista: “los Rodríguez Balda”, quienes, según indicó, escucharon las inquietudes y preocupaciones de los obreros de las plantas industriales Guapán y Chimborazo.
Según el dirigente, los empresarios expresaron que su principal motivación es la inversión como lo han hecho por más de cuatro décadas en el Perú y a nivel de Latinoamérica, donde el capital humano es fundamental. “Que ellos no se caracterizan por despedir gente”, habrían puntualizado.
Los trabajadores también han dialogado con el presidente Rafael Correa; con el vicepresidente, Jorge Glas; y, con el ministro de Industrias, Ramiro González, quienes les habrían garantizado se hará respetar sus derechos, sus puestos de trabajo y descartado los despidos en el caso de concretarse el proceso de búsqueda de un socio estratégico para la UCEM.
Contrato colectivo
“Los trabajadores acabamos de firmar un contrato colectivo en el cual estuvo de testigo de honor el ministro Ramiro González. El documento habla de estabilidad e indemnizaciones en caso de despido”, dijo Raúl Veloz, al señalar que, con el contrato colectivo, como herramienta jurídica, se trata de garantizar los derechos de los trabajadores.
Tanto en el Código de Trabajo como en el contrato colectivo hay cláusulas de subrogación en caso de venta parcial, privatización, cesión o enajenación de acciones a favor de terceros, los cuales obligatoriamente tendrán que hacerse cargo de los derechos, de las responsabilidades y obligaciones que tenía la empresa antes de entrar a este proceso de venta, subraya el dirigente.
El estado no acogió la propuesta de inversión que los trabajadores elaboraron el año anterior, la cual sustentaba que la Unión Cementera Nacional, sin necesidad de ser privatizada, podría invertir sus propios recursos en una nueva línea de clinker.
“La UCEM, el año pasado dio utilidades de cerca de 20 millones de dólares; este año seguramente el monto será mayor. Tenemos una propuesta de inversión de 140 millones de dólares que podría haber sido pagada en 5 o 6 años, para ahorrar lo que se gasta en la importancia de clinker”, señaló Raúl Veloz.
Actualmente, la UCEM tiene un 95% de capital público y un 5% de capital privado, precisó Nohemí Pozo, gerente de la Unión Cementera Nacional, quien además indicó que la EPCE en estos días negocia los términos definitivos para adjudicar el proyecto y que el próximo año se realizarán los aumentos de capital respectivo, lo cual cambiará la conformación accionaria de la empresa que seguirá siendo de economía mixta.
El proceso del socio estratégico no es nuevo, mediante resolución del 19 de abril de 2011, el directorio de la EPCE aprobó el plan estratégico de la empresa, que entre sus objetivos señala mejorar la participación de mercado, con la inclusión de un socio estratégico que aporte capital tecnología y gestión.