Las autoridades del Municipio de Azogues están empeñadas en viabilizar acciones legales para conseguir de la Fábrica Guapán, hoy Cementera Nacional, una compensación por los daños que esta industria ha provocado al ambiente en más de medio siglo de explotación de la materia prima en la cantera de caliza de la parroquia Guapán.
“El tiempo apremia, una demanda por el tema medioambiental debe ser activada por el representante legal del Municipio, como una acción emergente, de modo que cuando la fábrica pase a otras manos, dentro de los activos y pasivos de la Guapán se encuentre ese juicio, que esperamos pueda terminar con una sanción”, señala el concejal Javier Serrano.
Para el concejal presentar una acción de esa naturaleza por daño medioambiental es complejo, porque se requiere tener estudios de impacto ambiental de toda la época que ha operado la empresa Guapán en esta jurisdicción para poder precisar la cuantía que se demanda.
Y no sólo se trata de pedir resarcimientos por daños ambientales, dice Serrano, sino de superar mediante acuerdos los efectos desfavorables al Municipio que han traído los juicios de coactiva emprendidos por el gobierno local desde el año de 1996 hasta el 2012, en contra de la industria para cobrar impuestos de patentes y el 1,5 por mil a los activos fijos.
Según el concejal, en el Municipio hay la intención de buscar una medida de renegociación para evitar un perjuicio mayor a la economía de la institución con la erogación de alrededor de 4 millones de dólares, de los cuales la mitad ya fue devuelto a la empresa Guapán y la otra parte está pendiente, una vez que los jueces de la Corte Constitucional aceptaron la acción de protección planteada por dicha industria contra las sentencias emitidas por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia a favor del Municipio.
La devolución corresponde a los dineros que después de varios años de disputa jurídica el Municipio logró cobrar a Cementos Guapán, la cual se negaba a pagar a la entidad local las obligaciones tributarias con el argumento de que es una entidad pública y que por eso estaba exenta de esa obligación.
Para Serrano, a todas luces el pronunciamiento de la Corte Constitucional es ilegal, porque termina resolviendo todo lo que en otras instancias fue siempre a favor del Municipio de Azogues. “Al parecer la Corte Constitu-cional no quería gravar a una empresa que a la fecha de la resolución ya era pública”, señala.
