Veedores denunciados por Correa, llamados a juicio
Los veedores designados por el presidente Rafael Correa para investigar los contratos que había suscrito su hermano mayor, Fabricio Correa, con el Estado, serán juzgados por el supuesto delito de falso testimonio. Ello, después que la Sala Penal de la Corte Provincial, confirmó ayer el auto de llamado a juicio por la jueza quinto de Garantías Penales, María Mercedes Portilla, el 11 de septiembre de 2012, dentro del proceso que instauró el mandatario en contra de Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portillo y José Quispe. Ellos, en su informe entregado a la Contraloría General del Estado, aseguraron que el Presidente de la República sí conocía de los contratos de su hermano, hecho que fue recogido en el libro “El Gran Hermano”, cuyos autores Juan Carlos Calderón y Christian Zurita también fueron enjuiciados por Correa. Los procesados habían pedido la nulidad del auto de llamado a juicio. Sin embargo, los jueces de la Sala desecharon el recurso, luego de 25 audiencias fallidas y 18 cambios de fiscales y jueces.
Agradecidos
Para Pablo Chambers la decisión judicial tiene otras motivaciones que prevalecieron, “y hubiese sido bueno que el Presidente de la República actúe como un varón y se hubiese sentado frente a una mesa y se presentaba ante el detector de mentiras”. De todas maneras, dijo, estamos agradecidos que por fin se decidieron que vamos a juicio, luego de 25 audiencias fallidas y 18 de cambio de jueces y fiscales que “tenían miedo de pronunciarse”, anotó. “Acudiremos al juicio y estaremos aquí y nos defenderemos y no nos dejaremos porque algún funcionario público en vez de defendernos nos acusa”, sentenció el entonces director de la veeduría.
Defensa
Se quejó de no permitirle el derecho a la defensa, ni tampoco presentar determinadas pruebas; de ahí que el fallo final seguramente será “una crónica de una sentencia anunciada”. Recordó que el mandatario en una entrevista había indicado que conocía de los contratos de su hermano (Fabricio), cuyos vídeos, prueba básica, a su criterio no se les permitió presentarlos. La defensa de los veedores anunció que pedirán una ampliación a la decisión dictada por la Sala Penal de la Corte de Pichincha, presidida por Mónica Bravo. La siguiente fase del juicio será la audiencia de dictamen o juzgamiento.
